Por: B.Lehdad
En los últimos días, el Gobierno español ha aprobado un decreto que ha vuelto a colocar la política migratoria en el centro del debate público. Una regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular. El anuncio ha sido presentado como una medida excepcional, urgente y socialmente necesaria, aunque no ha tardado en suscitar controversia política, lecturas interesadas y una fuerte polarización mediática en torno a su alcance real y a sus posibles consecuencias
El decreto abre la vía a la regularización de cientos de miles de personas que llevan años viviendo en España, muchas de ellas plenamente insertas en la economía real del país, aunque atrapadas en la precariedad, la informalidad y la ausencia de derechos. No se trata de una amnistía general ni de una política de fronteras abiertas, sino de un proceso limitado en el tiempo y sujeto a requisitos administrativos. Aun así, no podria subestimar ni minimizar su impacto potencial que me parece, es significativo: permisos de residencia y trabajo que permiten salir de la invisibilidad legal a quienes ya sostienen sectores clave como la agricultura, los cuidados, la hostelería o la construcción.
Estoy convencido y quisiera subrayar que esta decisión no es fruto exclusivo de una iluminación repentina del poder ejecutivo. Llega tras años de movilización constante de movimientos sociales, organizaciones de personas migrantes, plataformas antirracistas y entidades de derechos humanos que han denunciado la hipocresía de un sistema que se beneficia de la mano de obra migrante mientras la condena a la irregularidad. En el plano institucional, partidos como Podemos y Sumar han sido decisivos para trasladar estas demandas al terreno político y forzar un debate que durante décadas fue deliberadamente evitado. Sin esa presión social y parlamentaria, este decreto difícilmente habría visto la luz.
El contexto estructural explica en buena medida la decisión. España convive desde hace tiempo con una bolsa crónica de irregularidad administrativa que no responde a una “excepción”, sino al propio diseño del sistema de extranjería. A ello se suma una realidad demográfica marcada por el envejecimiento de la población, la falta de mano de obra en determinados sectores y una economía sumergida que precariza vidas y debilita el interés general. Asi que, creo que egularizar, en este sentido, no es un gesto ideológico, sino un acto de realismo social, económico y jurídico.
Desde el Gobierno se defiende la regularización como una herramienta de justicia social y de ordenación del mercado laboral. Significa reconocer derechos, ampliar la base de cotización, reducir la explotación y dotar de mayor coherencia a un sistema que hasta ahora ha funcionado gracias a la exclusión. Sin embargo, la medida no ha estado exenta de ataques. La oposición ha recurrido al ya conocido discurso del “efecto llamada”, un argumento recurrente en Europa que rara vez se sostiene con datos, y ha cuestionado tanto la forma jurídica del decreto como su oportunidad política.
Llegado aqui debo romper una lanza en favor de la medida; pues en el plano internacional, la decisión española adquiere especial relevancia por contraste. Mientras aquí se opta, con todas sus limitaciones, por una lógica de reconocimiento de derechos, otras administraciones, como la de Donald Trump en Estados Unidos, han construido su política migratoria sobre la persecución, la deportación masiva, la criminalización del extranjero y el uso del miedo como herramienta electoral. La comparación no es menor; porque frente a un modelo punitivo y abiertamente racista, el decreto español se sitúa, al menos en el discurso, en una concepción de la migración como fenómeno estructural que debe abordarse desde el derecho y no desde la violencia institucional.
No obstante, el futuro de esta regularización dependerá de su aplicación concreta. De la capacidad administrativa, de la voluntad política sostenida y de que no se convierta en un gesto aislado sin continuidad. Puede ser un punto de inflexión hacia una política migratoria más justa y realista, o puede quedarse en una operación excepcional que no cuestione las raíces del problema.
Pero más allá de su alcance inmediato, este decreto expone una contradicción profunda que España sigue sin resolver. Resulta difícil hablar de derechos humanos, legalidad internacional y justicia histórica mientras el Estado continúa eludiendo su responsabilidad con el Sáhara Occidental, su colonia, hoy ocupada ilegalmente. No deja de ser una paradoja, cuando no una indecencia política, que un Gobierno capaz de reconocer derechos a personas migrantes dentro de sus fronteras mantenga una posición de silencio, ambigüedad o complicidad frente a la negación sistemática del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
No puede haber coherencia democrática mientras se regulariza la vida de unos y se abandona a otros al exilio, la ocupación y el olvido. No puede haber política de derechos humanos creíble cuando se ignoran resoluciones internacionales y se sacrifica la legalidad en nombre de intereses geopolíticos. Si esta regularización aspira a ser algo más que una medida coyuntural, debería servir también para empujar al Ejecutivo español a revisar, sin subterfugios, su política hacia el Sáhara Occidental. Porque los derechos no pueden aplicarse a conveniencia, y la justicia, cuando es selectiva, deja de ser justicia para convertirse en cálculo.
