El pueblo saharaui sigue siendo víctima de un injusticia histórica que se prolonga ya casi medio siglo. Desde el final de la colonización española en 1975, el Sáhara Occidental vive sometido a una ocupación marroquí que vulnera sistemáticamente el derecho internacional y niega a todo un pueblo el derecho fundamental a decidir su futuro. Es un caso paradigmático de descolonización inacabada, una herida abierta que la comunidad internacional se resiste a cerrar.
El Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, ha mantenido con dignidad y perseverancia una lucha política, diplomática y también, en muchos momentos, armada, para hacer efectivo el derecho a la autodeterminación. Esta reivindicación no es un capricho ni un gesto simbólico: es el cumplimiento estricto del derecho internacional, reconocido por numerosas resoluciones de la ONU y por el Tribunal Internacional de Justicia. Y, sin embargo, década tras década, el referéndum prometido no llega. El retraso permanente, la inacción y la complicidad de algunos Estados han convertido una cuestión de justicia en un escándalo moral y político.
La reciente Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es una muestra más. Lejos de garantizar una solución justa, perpetúa el statu quo y consolida la ocupación marroquí. Esta resolución supone un paso atrás en la búsqueda de una salida definitiva e ignora completamente el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación. Lo que cabría esperar de la ONU es que cumpliera con sus propias obligaciones y estableciera un mecanismo claro, vinculante y con garantías para organizar un referéndum libre y transparente.
Resulta igualmente indignante la actitud de la mayor parte de la comunidad internacional, cómplice por omisión o por interés. Los grandes discursos sobre la libertad de los pueblos, la paz y los derechos humanos se desvanecen cuando entran en juego los intereses económicos o geoestratégicos. Mientras tanto, miles de saharauis viven desplazados en condiciones extremas en los campamentos de refugiados de Tinduf, mientras quienes permanecen en los territorios ocupados sufren represión, censura y vulneraciones constantes de sus derechos civiles y políticos.
Tampoco el Estado español ha estado a la altura de su papel histórico. Como antigua potencia administradora, mantiene una responsabilidad legal y moral que no puede eludir. Sus posiciones cambiantes, a menudo dictadas por intereses diplomáticos o económicos, han contribuido a perpetuar una situación injusta. El gobierno español debería defender con firmeza el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro, y abandonar definitivamente su apoyo al plan de autonomía propuesto por Marruecos, una propuesta que solo busca legitimar la ocupación y negar la soberanía saharaui. Solo un proceso de autodeterminación libre y supervisado puede garantizar una paz justa y duradera.
No se puede hablar de paz mientras un pueblo vive sometido por la fuerza. No se puede hablar de diálogo si se niega la esencia misma del problema: el derecho de un pueblo a ser libre. Cualquier proceso de paz que no contemple la autodeterminación es un fraude, una forma de imponer la rendición y consolidar la injusticia.
Los Estados miembros de las Naciones Unidas deberían dar un paso adelante y reconocer oficialmente a la República Árabe Saharaui Democrática, como ya lo han hecho numerosos países de África y América Latina. Es la única manera de otorgar legitimidad internacional a un proyecto de libertad y soberanía, y de poner fin a la hipocresía de quienes condenan con palabras pero cooperan de hecho con el régimen ocupante.
Como ciudadano valenciano, como persona comprometida con la justicia y la libertad de los pueblos, creo que la causa saharaui es también la nuestra. Lo es porque nos interpela como sociedad democrática, porque nos obliga a elegir entre la dignidad y la indiferencia. No podemos mirar hacia otro lado mientras un pueblo hermano es condenado al olvido. Es necesario acompañar, difundir y apoyar sus legítimas reivindicaciones, desde la solidaridad y la coherencia.
El Sáhara Occidental tiene derecho a ser libre y soberano. Es hora de que la comunidad internacional deje de traicionar sus propios principios y escuche, por fin, la voz de un pueblo que solo reclama lo que le corresponde: su libertad.
