La posible transferencia a Marruecos reabre las dudas sobre el estatus jurídico del territorio y los derechos del pueblo saharaui.
En las últimas semanas, he leido en varios medios el resurgir del debate sobre la posible cesión de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental por parte de España a Marruecos. Aunque el gobierno español, a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado tajantemente que exista tal intención; pero las sospechas y declaraciones cruzadas han encendido las alarmas entre defensores de los derechos del pueblo saharaui y expertos en derecho internacional que aconsejan al gobierno español que los políticos de turno no son el estado; y que a largo plazo quien paga los platos rotos es el estado y la ciudadanía.
El Sáhara Occidental, reconocido por la ONU como un territorio no autónomo pendiente de descolonización, es objeto de una ocupación marroquí que carece de respaldo legal. España, como antigua potencia administradora, aún ostenta responsabilidades históricas y legales sobre el territorio, a pesar de haber renunciado formalmente a su administración en 1976. Actualmente, la gestión del espacio aéreo está en manos del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Canarias, operado por Enaire.
El derecho internacional y varios fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) refuerzan que el Sáhara Occidental y Marruecos son territorios separados y distintos. De hecho, cualquier acuerdo que afecte al territorio, incluidos sus recursos naturales o su espacio aéreo, requiere el consentimiento explícito del pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario.
El TJUE ha dejado claro en sus resoluciones que no se puede tratar al Sáhara Occidental como parte integral de Marruecos. En este sentido, una cesión del espacio aéreo podría interpretarse como un reconocimiento implícito de la soberanía marroquí, lo que contravendría tanto los principios del derecho internacional como las resoluciones de la ONU.
Algunos analistas señalan que una eventual transferencia de la gestión podría facilitar una mejor coordinación entre las operaciones aéreas del territorio y Marruecos, además de reforzar las relaciones bilaterales entre Rabat y Madrid. Sin embargo, el gobierno español sabe a ciencia cierta que los riesgos superan los beneficios; pero algunos miembros del gobierno están bajo merced del gobierno marroquí, que al parecer les chantajea cada vez que quiere alguna concesion, sin okvidar el activismo entusiasta del lobby promarroqui en España, estructurado dentro de varios partidos políticos, mundo empresarial, movimientos asociativos e instituciones.
Desde el punto de vista político, la cesión podría ser vista como una traición al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Además, podría tener consecuencias legales y diplomáticas negativas para España, al posicionarse a favor de una ocupación que la comunidad internacional no reconoce, incluida la UE de ka que España es miembro de obligado cumplimiento de sus ordenanzas.
Tal cesion, que como mínimo ya se habla del 20% del espacio gestionado por Marruecos, no es solo un tema técnico o diplomático; también remite a la responsabilidad histórica de España en el proceso de descolonización inconcluso del Sáhara Occidental. Aunque España insiste en que no está negociando tal transferencia, la creciente presencia marroquí en el control del espacio aéreo del territorio, especialmente en zonas de exclusión militar, genera inquietud y delata las negacionesdel gobierno español.
Si queremos hacer una conclusion de lo arriba detallado, diremos que, la cesión del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos supondría una seria vulneración de los principios del derecho internacional y de los derechos del pueblo saharaui. En un momento de gran sensibilidad política, cualquier decisión que ignore la legalidad internacional no solo incrementaría las tensiones en la región, sino que también dañaría la credibilidad de España como defensora de los valores democráticos y los derechos humanos.
El Sáhara Occidental no es solo una cuestión territorial, sino un “amasijo’ de deudas pendientes con la justicia internacional y el derecho a la autodeterminación, donde España tiene el cien por ciento de la responsabilidad.
B.Lehdad.
