En las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, por Marruecos, el Majzén —término que simboliza el aparato de poder en Marruecos— despliega una maquinaria opresiva destinada a perpetuar la violación sistemática de los derechos humanos de los ciudadanos saharauis. Utilizando una amplia gama de recursos, que incluyen tanto fuerzas de seguridad como estructuras administrativas y judiciales, el régimen recurre a tácticas de represión, intimidación y control social.
Este sistema represivo cuenta con el respaldo logístico y político de aliados internacionales como Francia y España, que, a través de apoyo diplomático, venta de armas y cooperación en materia de seguridad represiva, contribuyen directamente a mantener la ocupación. Estas potencias, con intereses económicos y geoestratégicos en la región, optan por priorizar sus relaciones con Marruecos a expensas de los derechos del pueblo saharaui.
Lo más preocupante es que estas acciones tienen lugar bajo la aparente indiferencia de la comunidad internacional, representada por los cascos azules de la ONU desplegados en la zona como parte de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). Esta misión, que originalmente tenía el mandato de organizar un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, ha quedado reducida a un papel meramente observador, incapaz de proteger a la población civil ni de denunciar las violaciones flagrantes que presencia.
El resultado es un clima de impunidad que fortalece al ocupante y agrava el sufrimiento de un pueblo que sigue resistiendo en su lucha por la libertad y la autodeterminación.
En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió un fallo definitivo rechazando el recurso de la Comisión Europea contra sentencias previas que anulaban acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos, debido a su aplicación al Sahara Occidental. El Tribunal confirmó que el pueblo saharaui no había dado su consentimiento a dichos acuerdos y que el Frente Polisario es reconocido como su representante legítimo. Por tanto, cualquier explotación de recursos en el Sahara Occidental debe respetar su estatus separado y distinto de Marruecos según el Derecho Internacional.
Esta sentencia refuerza la posición del pueblo saharaui en su lucha por la autodeterminación, respaldada por resoluciones como la 1514 de la Asamblea General de la ONU y varios pronunciamientos del Consejo de Seguridad. Además, evidencia que las actividades económicas en el Sahara Occidental sin su consentimiento violan sus derechos fundamentales.
B.Lehdad
